Ministerio de la Presidencia

(Ministerio de la Presidencia. 29 de enero de 2026).
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín, denunció una red de corrupción en la Aduana Nacional de Bolivia, con un presunto daño económico al Estado de más de Bs 10 millones. La expresidenta de la entidad y dos exfuncionarios son los principales investigados en el caso, presentado ante el Ministerio Público en Tarija.

“Prácticamente, institución que revisamos, institución que ha tenido denuncias de corrupción. En el caso de la Aduana, a partir de la presentación de la denuncia en Tarija, estamos recibiendo muchas más denuncias”, apuntó García, en conferencia de prensa en La Paz.

Los investigados son la expresidenta de la Aduana y dos representantes legales. Sin embargo, la investigación “no se va a limitar a estas tres personas”, puesto que tras la presentación formal de la denuncia en Tarija, el viceministro García recibió nuevas denuncias sobre posibles vínculos entre familiares de funcionarios y las empresas involucradas.

El primer caso investigado es de 2017, cuando la institución realizó un proceso de contratación para la compra de un terreno para las oficinas de la Aduana en Tarija. Según las indagaciones, tras la presentación de propuestas: una de Bs 1.800.000 y otra de Bs 2.760.000, la entidad adjudicó el proceso a la propuesta más alta.

“Pese a que el terreno ni siquiera cumplía con las condiciones técnicas legales ni registrables”, sumó el viceministro del área.

El segundo caso, de 2020, fue un proyecto de inversión de Bs 23 millones con “múltiples irregularidades”. El costo aproximado de construcción por metro cuadrado era de $us 300 con “materiales razonables”. No obstante, la Aduana adjudicó el contrato con una estimación de $us 1.000 por metro cuadrado.

Por último, el viceministro García informó que Transparencia recibió 340 denuncias, que involucran a 60 instituciones públicas. El sistema de denuncias del Viceministerio de Transparencia se presentó hace casi dos meses, a través de un QR, protegiendo la identidad de los denunciantes.