Ministerio de la Presidencia

Los datos de YPFB y la ANH revelan que casi la mitad del servicio público de toda Bolivia ya opera con GNV

(Ministerio de la Presidencia, 22 de septiembre de 2026)
Tras la eliminación de la subvención al diésel, datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) evidencian que el 80,3% del parque automotor del servicio público boliviano utiliza gasolina, Gas Natural Vehicular (GNV) o ambos, y no será afectado por la medida.

Los datos revelan que solo dos de cada 10 vehículos de transporte público funcionan exclusivamente con diésel. El 100% de los vehículos de servicio público suman 202.182. Del total: 39.880 usan diésel exclusivo (19,7%); 67.815, gasolina exclusiva (33,5%), 29.290, GNV exclusivo (14,5%) y 65.197, GNV + gasolina (32,2%).

Además, las cifras revelan que casi la mitad del servicio público en toda Bolivia (46,7%) ya aprovecha el gas natural vehicular, que mantiene su subvención y una distribución sin ningún inconveniente: 94.487 vehículos de servicio público pueden operar con GNV (29.290 exclusivamente con GNV y 65.197 con GNV y gasolina).

La eliminación de la subvención al diésel fue una medida que busca terminar con el contrabando y la corrupción que se generó en torno a la distribución de los combustibles, además de terminar con el derroche económico que dañó Bolivia por más de dos décadas.

“Durante años, este sistema de precios de combustibles ha permitido mantener artificialmente un precio interno, con un costo elevadísimo para la sociedad y la ciudadanía”, señaló el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, en una conferencia de prensa, tras la promulgación de la norma.

Subvención a sectores de ingresos altos

A diciembre de 2025, Bolivia registró un parque automotor de 2.672.176 vehículos. De ese total, solo 129.148 corresponden al servicio público, equivalentes al 4,8% del parque automotor nacional (202.182 en la actualización de 2026 de YPFB y la ANH).

Mientras que el 93,7% de los automóviles del país (2.503.680) —que aprovechan el combustible subvencionado— son motorizados particulares. Es decir, que la subvención alcanzaba y beneficiaba más a sectores con ingresos altos, que a las familias bolivianas más vulnerables.

“Este mecanismo tuvo una función económica y social, pero también generó distorsiones muy crecientes. Una parte importante de este beneficio, como puede verificarse en informes de diferentes organismos internacionales, más del 50% del beneficio de este precio diferenciado llegaba a sectores de ingresos altos y solamente cerca del 7% beneficiaba a hogares pobres”, explicó el ministro Aramayo.

El fin del subsidio es un paso fundamental para la estabilidad de la economía boliviana. El Gobierno nacional genera un gasto anual de $us 2.600 millones, dinero que podrá destinarse a la construcción de carreteras, hospitales y escuelas.