Ministerio de la Presidencia

La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria publicó este viernes su primer informe sobre la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el que se detectaron al menos seis irregularidades en el proceso de distribución de combustible, las cuales van desde el despacho hasta el favorecimiento a estaciones de servicio.  

Entre los casos observados se encuentran: despachos realizados antes de su facturación, asignación de cupos por encima del límite permitido, concentración de retiros programados para varios días en una sola jornada, retiros de combustible superiores a los parámetros habituales de asignación, manipulación y debilidad de los sistemas de control, favorecimiento discrecional de estaciones de servicio y presunto desvío de combustibles, entre otros.

El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García Delfín,explicó que, por ejemplo, en el caso de la facturación, “se efectuaban estas modificaciones de forma posterior, es decir de forma retroactiva y esto con la finalidad de favorecer a contrabandistas”. 

A estos casos se suma la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que mediante la resolución 36-2024, delega la función de reguladora YPFB. “Es decir, a partir de este acto la ANH desconoce sus propias facultades y le otorga a YPFB esta responsabilidad que lamentablemente ha generado mayor desvío de combustible, mayor contrabando y mayor corrupción”, sentenció. 

A este proceso de investigación se suma también la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) que coadyuvó en identificar a 300 usuarios que interactuaban con el sistema. “No solamente basta con cortar los usuarios, sino que vamos a identificar a quienes seguían permitiendo que usuarios del pasado sigan interactuando con estos sistemas vulnerables”, acotó el viceministro García. 

La autoridad también cuestionó el sistema de seguridad con el que contaba YPFB. “Hasta la fecha, los controles se hacen a través de un cintillo, como el cintillo que se pone en las maletas cuando uno va a viajar. Ese es el sistema de seguridad, entre comillas, que en el pasado permitían que ocurrieran estos hechos”. 

García destacó que, a partir de ahora, la propuesta es digitalizar la información sobre la cadena de distribución y abrirla al público. “A través del cual todas las personas, todos los usuarios, todos quienes necesitan esta información puedan acceder a la misma en tiempo real y que todas las personas a través del celular podamos observar cuántos litros ingresan, a quiénes se despacha, qué capacidades existe y de esta manera podamos cumplir con el mandato que nos ha dado el presidente de modernizar la administración pública”, concluyó. 

Intervención al “Bunker Digital”

El viceministro, en compañía del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que se está realizando una intervención al denominado “Bunker Digital”, una infraestructura tecnológica que se encuentra en la avenida 16 de julio, de la ciudad de La Paz, y que en los últimos cinco años supuso un gastó de más de 470 millones de bolivianos.

“No se ha elaborado un sistema informático y digital que permita la trazabilidad de la información para que todos los bolivianos sepamos cuánto combustible entra, a quiénes se despacha, bajo qué criterios, quiénes están sobrecargando y sobrefacturando, quiénes están desviando. Por lo que la responsabilidad no solamente va a la parte operativa, sino que también existen responsables ejecutivos por haber dispuesto 470 millones de bolivianos en el pasado y no poder generar soluciones estructurales a esta problemática de contrabando y desvío”, añadió.

Esta investigación se realiza en el marco del Decreto Supremo 5697, promulgado hace 10 días, el 1 de septiembre. La norma establece la intervención estatal extraordinaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y anuncia mecanismos de control, supervisión y transparencia en la cadena logística de importación y distribución de carburantes. 

Esta medida se adopta ante las deficiencias detectadas en la distribución de combustibles que generan riesgos para la seguridad energética y el interés público, buscando recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa de YPFB sin alterar su naturaleza jurídica ni su estructura institucional.

La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria está conformada por los Ministerios de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos, Obras Públicas y el Viceministerio de Transparencia. El trabajo se realizará en un periodo de hasta 180 días calendario. 

Intervención a la ANH

La tarde del jueves, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías informó sobre el análisis forense realizado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco del Decreto Supermo 5699, de intervención a la ANH.

El informe indica que se detectaron nueve vulneraciones a los sistemas informáticos: una puerta trasera en «Ventas Importadas» que permitía vender combustible sin que la operación llegue al registro central de la ANH, un atajo que anulaba todas las reglas de control y permitía despachar sin límite ni etiqueta B-SISA, vehículos que podían cargar varias veces al día debido a la desactivación del control de cargas, vehículos sospechosos que se desbloqueaban sin autorización de un supervisor, manipulación en el registro de placas, la anulación del cobro a precio internacional y fallas en la lectura automática, entre otros casos.