Ministerio de la Presidencia

(Ministerio de la Presidencia, 25 de septiembre de 2026)
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, se reunió con la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (RBLAC, por sus siglas en inglés: Dirección Regional para América Latina y el Caribe), Michelle Muschett, para abordar el apoyo y asistencia técnica al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 de Bolivia.

El plan prevé fortalecer la eficiencia del gasto público y acelerar la reducción de la pobreza mediante tres líneas complementarias de trabajo. La reunión entre el ministro boliviano y la alta autoridad del PNUD se dio en el marco del viaje de la comisión boliviana a la 81º Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos.

Las tres líneas complementarias de trabajo son:

1. Optimización del Plan de Desarrollo y eficiencia del gasto público

El Gobierno nacional trabajará en la definición de metas sectoriales para reducir la pobreza, a partir de la construcción de un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional o del indicador regional elaborado por la CEPAL y el PNUD.

Con base en los datos de la Encuesta de Hogares, se proyectará el impacto de las políticas sociales, los recursos necesarios para alcanzar las metas y las alternativas de inversión que permitan obtener mayores resultados con el mismo presupuesto.

2. Nueva arquitectura social y sostenibilidad de los avances

La segunda línea busca fortalecer las capacidades de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para que los avances en la reducción de la pobreza sean sostenibles en el tiempo. La estrategia contempla impulsar la productividad de los sectores de menores ingresos, fortalecer las micro y pequeñas empresas, ampliar el acceso a las oportunidades de la transformación digital y garantizar que la transición energética no genere nuevas brechas sociales.

3. Registro Social Único como eje articulador

La creación de un Registro Social Único (RSU) permitirá identificar y priorizar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, además de orientar de manera más eficiente la oferta social y la inversión pública. Como punto de partida, se plantea aprovechar la información del reciente Censo de Población y Vivienda de 2024 para identificar y localizar a los hogares que requieren atención prioritaria.