Ministerio de la Presidencia

El Gobierno nacional aprobó este lunes el Decreto Supremo 5600, que elimina de forma definitiva más de 160 decretos supremos mediante los cuales el Movimiento Al Socialismo (MAS) realizaba contrataciones directas en el Estado. Con esta norma se cierra un mecanismo que durante años permitió adjudicar contratos millonarios sin licitación, sin competencia y sin control efectivo.

“Vamos a eliminar todos los mecanismos que permitían este direccionamiento. Eso significa anular estos 161 decretos. Este decreto va a revisar y auditar todo lo que se hizo en el pasado. Porque tiene que haber responsables y tiene que haber procesos”, destacó en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

La norma abroga y deroga todas las disposiciones que autorizaban este tipo de contrataciones como excepción al sistema regular. Además, establece que, a partir de ahora, todas las compras públicas deberán realizarse mediante procesos competitivos y transparentes, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

“Las peleas que vemos entre dirigentes de partidos, que no existen más que para ver si consiguen el ‘bolígrafo’ de las contrataciones directas, se acabaron. Para muchos, ese era el verdadero incentivo para ser alcalde o gobernador: acceder a los negocios directos y no buscar el desarrollo de sus municipios, sino el de sus propias cuentas bancarias”, explicó al respecto el presidente, Rodrigo Paz.

Durante casi dos décadas, el esquema de contratación directa permitió que instituciones públicas seleccionaran a un único proveedor, sin comparación de ofertas ni garantía de precio justo. Este mecanismo, concebido originalmente como excepcional, terminó utilizándose de manera recurrente, debilitando los principios de transparencia, eficiencia y competencia en el uso de los recursos públicos.

El nuevo Decreto Supremo busca revertir esta práctica estructural y restablecer reglas claras: más competencia, mejores precios y mayor control ciudadano sobre el gasto estatal.

Además, la norma instruye a todos los ministerios a realizar un relevamiento exhaustivo de las contrataciones directas realizadas en años anteriores, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o hechos de corrupción. Este proceso será reglamentado en un plazo de 30 días por los ministerios de la Presidencia y de Economía.

Las contrataciones iniciadas antes de la vigencia del decreto continuarán bajo la normativa con la que fueron iniciadas, garantizando la seguridad jurídica en los procesos en curso.

Con esta medida, el Gobierno marca un giro en la gestión pública, orientado a recuperar la transparencia, ordenar las contrataciones estatales y proteger los recursos de todos los bolivianos.

“Este es el decreto que hoy presentamos, los bolivianos merecemos transparencia y eso es lo que se da con el decreto”, concluyó el ministro.