Ministerio de la Presidencia

(15 de septiembre de 2026).

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira declaró como prioridad nacional la lucha contra la corrupción, a través del Decreto Supremo 5706 del 14 de septiembre de 2026. La norma nombra al viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García Delfín, como el representante gubernamental.

“Declarar de prioridad nacional, del Estado Plurinacional de Bolivia, la lucha contra la corrupción, la promoción de la integridad pública, el fortalecimiento de la transparencia institucional y la protección de los recursos de interés del Estado”, señala el artículo 1 del decreto. 

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, subraya que el decreto incrementa las facultades, tareas y objetivos del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, en una conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo.

“La viceministra o viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia se constituye en el ‘Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia’”, se lee en el artículo 3 del decreto.

Además, el vocero explica que todas las Unidades de Transparencia de los ministerios, viceministerios y entidades descentralizadas deberán coordinar con el representante gubernamental. García ahora está encargado de coordinar y articular acciones entre los Órganos del Estado. 

“Se ampliaron las herramientas en prevención y gestión de riesgos de corrupción, seguimiento de denuncias y procesos, recuperación y registro de activos, análisis estratégico de datos, investigación de fortunas, coordinación con la Unidad de Investigación Financiera, la Contraloría, la Procuraduría y el Ministerio Público, así como la supervisión de las unidades de transparencia y de la capacidad de realizar actuaciones inmediatas en entidades y empresas, donde exista participación estatal y se requiera documentación”, detalla Gálvez.

El artículo 7 del decreto apunta que el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia se constituye en la instancia encargada de realizar la vocería en temáticas vinculadas a sus atribuciones. 

“La corrupción deja de ser solo un asunto de denuncias y pasa a ser una política de Estado. (…) Este es un problema de todos los bolivianos que lo tenemos que resolver de manera clara y contundente, pase lo que pase”, finalizó el vocero presidencial.