Ministerio de la Presidencia

Ministerio de la Presidencia, La Paz, 11 de febrero de 2026. Durante años, universitarios y ciudadanos en general estuvieron atrapados en fotocopias, filas y trámites interminables. Hoy, llega el fin del “folder amarillo” y la punta de lanza será la juventud. La alianza entre el Estado y las universidades busca cambiar ese escenario, mediante la ciudadanía digital, que comenzará con más de 500 mil estudiantes.

En la firma de la alianza participaron el presidente Rodrigo Paz Pereira; los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo; de Educación, Beatriz García; el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), Carlos Eduardo Rodrigo; y autoridades de seis universidades del país.

Los rectores de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX), la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián (UABJB) y la Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB) fueron los encargados de suscribir la alianza.

El acuerdo, que se firmó este miércoles, habilita a las universidades como Entidades de Registro Oficial (ERO), lo que permitirá que miles de jóvenes registren su identidad digital directamente en sus campus. En un principio beneficiará a 515 mil estudiantes, aunque se prevé que llegue a más de dos millones de universitarios a finales de 2026.

Esta herramienta incorpora autenticación de doble factor, validación biométrica, firma electrónica con validez jurídica y notificaciones digitales seguras. Es decir, significa avanzar hacia el modelo “Tranca Cero”: eliminar fotocopias de carnet, reducir desplazamientos innecesarios y evitar esperas prolongadas.

Además, con la Plataforma de Trámites y Certificaciones (PTC), los ciudadanos podrán gestionar servicios públicos desde cualquier dispositivo, con seguimiento en tiempo real y seguridad garantizada.

Para las familias, esto se traduce en menos tiempo perdido y menos gasto; para las universidades, en un rol estratégico dentro de la agenda nacional; y para el Estado, en mayor eficiencia, reducción de costos y procesos más transparentes.

Más allá de la tecnología, la iniciativa tiene el objetivo de fortalecer la conexión entre universitarios, padres de familia y el Estado, y convertir el conocimiento académico en una herramienta real de modernización.