Ministerio de la Presidencia

(Ministerio de la Presidencia | 13 de noviembre de 2026)
Hay decisiones que sanan heridas profundas y nos devuelven la fe. En el marco del programa “Bolivia con la Niñez”, impulsado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos (VIOyDH), el Gobierno abraza un paso histórico que marca un antes y un después para la infancia y adolescencia de nuestro país: se consolidó un importante avance en la protección integral de niñas, niños y adolescentes en situación de calle y en riesgo de encontrarse en esta condición, a través de la Ley 221 recientemente sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La norma fortalece la respuesta del Estado frente a una problemática que requiere acciones integrales, coordinadas y sostenibles, orientadas a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, así como prevenir las situaciones que vulneran su integridad y desarrollo.

El proceso de construcción e impulso de esta propuesta articuló esfuerzos con el VIOyDH, organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo, las comisiones legislativas, UNICEF y la Fundación Alalay, entre otros actores comprometidos con la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

La Ley 221 establece un marco de protección que prioriza cuatro pilares fundamentales: la protección de la primera infancia, el derecho a la identidad, el fortalecimiento del entorno familiar y la prevención de toda forma de violencia. Estos ejes buscan orientar las acciones institucionales hacia la restitución y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes que viven en situación de calle o se encuentran en riesgo de hacerlo.

Con la aprobación legislativa, el país avaza hacia la consolidación de una política de atención y protección integral, que demanda la participación articulada de las instituciones públicas y de la sociedad en su conjunto. El siguiente paso serás su promulgación, para avanzar hacia su implementación en todo el territorio nacional.

A través del VIOyDH, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de promover políticas públicas que garanticen entornos seguros, oportunidades de desarrollo y condiciones de vida dignas para todas las niñas, niños y adolescentes.