Ministerio de la Presidencia

(Ministerio de la Presidencia, 10 de noviembre de 2026)

El Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia formalizó una denuncia penal contra cuatro funcionarios de la Caja Nacional de Salud (CNS) de 2023 por el manejo irregular de Bs 95.872.591. Los recursos fueron entregados mediante cinco cheques bajo la modalidad de “fondos en avance”, un mecanismo que fue utilizado para evitar los procedimientos regulares de contratación pública.

“Lo que hizo la Caja Nacional de Salud fue sacar más de 95 millones de bolivianos en la modalidad de fondos en avance y entregarlos en cheques a funcionarios. Y resulta que, por ejemplo, sólo el señor Constantino Carlos Colque Huarachi recibe dos cheques por unos 42 millones de bolivianos”, informó el viceministro Yamil García.

Según las investigaciones, la CNS utilizó la resolución de directorio 044-2023 para justificar la entrega de estos recursos bajo el argumento de una emergencia. Sin embargo, los informes de la Contraloría y de Auditoría Interna no encontraron una situación de emergencia que justificara la disposición de más de Bs 95 millones mediante cinco cheques.

“En este caso lo que estamos denunciando es que se han apartado totalmente de este procedimiento y se lo ha dejado de forma discrecional, de tal manera que evidentemente existe una compra aparente, pero no existe la verificación física de que efectivamente se hayan adquirido esos medicamentos y esos insumos, lo cual nos lleva a presumir que se habrían generado montajes de procedimientos de contratación para beneficiarse económicamente”, lamentó García.

El informe de la Contraloría General del Estado CGE-GPA-INF N° 111-2026 identificó irregularidades en estas operaciones. García explicó que las entidades públicas deben cumplir los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo 181 para las contrataciones que superan el millón de bolivianos, lo que incluye convocatoria pública, presentación y evaluación de propuestas y una comisión de calificación. Los fondos en avance, en cambio, están previstos para gastos menores, urgentes y extraordinarios que no pueden esperar un proceso de contratación.

La acción penal fue formalizada en coordinación con la dirección de la CNS y alcanza a personas vinculadas con las decisiones y la recepción de los recursos. El Viceministerio también solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realizar el rastreo de los Bs 95,8 millones para establecer el destino del dinero e identificar si parte de esos recursos quedó en poder de directivos, funcionarios o personas beneficiadas por las operaciones observadas.

García sostuvo que la investigación debe establecer dónde se encuentran los recursos y determinar las responsabilidades correspondientes.