Ministerio de la Presidencia

(Ministerio de la Presidencia, 27 de octubre de 2026)

El Gobierno nacional prioriza el diálogo como mecanismo para atender las demandas sociales, pero no permitirá que se vulneren y bloqueen los derechos fundamentales de otros ciudadanos, como la libre circulación y el acceso a medicamentos y alimentos, afirmó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco.

“Vamos a recuperar el diálogo como un valor elemental de la democracia. (…) Lo que no vamos a permitir, y eso es algo que no debe ser entendido como amenaza, sino como un mandato que estamos ejercitando, es que so pretexto de atender una demanda social se quiera coartar derechos a otros ciudadanos”, subrayó la autoridad en una entrevista en radio Fides.

Asimismo, Aramayo explicó que se dialoga con diferentes sectores para avanzar en la “liberación del precio de la gasolina”. “Si queremos construir un país con futuro, hay que tomar decisiones valientes, y va a generar costos, pero tenemos que también sentarnos a dialogar y entender cómo podemos sopesarlos”, comentó.

La autoridad advirtió que no se puede seguir manteniendo precios distorsionados. “Estamos sacrificando recursos que podrían ir a construir escuelas, a construir caminos”.

El Ejecutivo reconoce la legitimidad de las demandas sociales y está dispuesto a analizar propuestas que permitan mejorar las decisiones gubernamentales, siempre que se respete el ejercicio de los derechos de la población.

“Sentémonos, si las decisiones que hemos tomado como Gobierno son mejorables y perfectibles. Si un sector viene y nos pone sobre la mesa una mejor propuesta, ¿por qué no discutirla?”, expresó.

Sin embargo, advirtió que las reivindicaciones sociales no pueden convertirse en un mecanismo para perjudicar a otros ciudadanos ni para debilitar el Estado de derecho e impedir el acceso a servicios esenciales. “La intransigencia de gente que no se quiere sentar a dialogar está poniendo en riesgo tu vida. Eso no se puede permitir”.

Por último, aclaró que el Gobierno distingue entre los dirigentes que continúan participando en las mesas de diálogo y quienes deben responder ante la justicia por presuntos ilícitos.

“Reconocemos el derecho a la expresión. (…) Pero cuando ya incurres en ilícitos, cuando estás utilizando dinero de los ilícitos para forzar a la gente para que marche, eso ya es coartar libertades”.