Ministerio de la Presidencia

(11 de agosto de 2026).-
El Gobierno nacional avanza con la socialización de la nueva Ley de Inversiones con sectores y organizaciones del país, antes de enviarla para su tratamiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El Ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, y el Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se reunieron este martes 11 de agosto con empresarios, productores, artesanos, gremiales y representantes de la CAINCO El Alto y de la Central Obrera Regional – COR El Alto.

“El Ministro de Economía va a compartir con ustedes los alcances que el presidente Rodrigo Paz Pereira ha definido para esta Ley de Inversiones. Esta norma la vamos a enviar a la Asamblea Legislativa, pero primero queríamos tener con ustedes un intercambio para poder recibir sus criterios”, apuntó el Ministro de la Presidencia.

El Ministro Aramayo explicó que la nueva Ley de Inversiones está orientada a generar condiciones de mayor seguridad, confianza y previsibilidad para quienes apuesten por Bolivia. La norma busca facilitar la llegada y expansión de inversiones nacionales e internacionales, promoviendo la generación de empleo, el crecimiento de la producción y el desarrollo de las regiones, con el objetivo de que el capital se traduzca en más oportunidades y bienestar para los bolivianos.

“Consideramos, como empresarios, que esta ley es importante y tiene que hacerse de manera clara, como lo están haciendo ahora. (…) Tenemos que ver que esta ley sea socializada y concientizada con las bases”, destacó la Presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de El Alto, María Cristina Soto Vega.

La norma, que pasará a la Asamblea Legislativa, busca establecer mecanismos modernos para el arbitraje y la solución de controversias, en armonía con la Constitución Política del Estado (CPE), junto con incentivos ligados a resultados concretos como la generación de empleo, el incremento de las exportaciones y la transferencia de tecnología.

Asimismo, plantea simplificar trámites y reducir la burocracia para acortar los tiempos y costos de ejecución de nuevos proyectos, promover la modernización y creación de plantas industriales, incorporar tecnología y conocimiento para elevar la productividad, impulsar el empleo formal y atraer capital privado hacia actividades productivas e industriales. Todo ello, acompañado de mayores garantías de seguridad jurídica, mediante reglas claras, estables y previsibles para los inversionistas nacionales y extranjeros.